Estimados compañeros, hace algún tiempo algunas organizaciones sindicales que imparten los cursos subvencionados por la Administración, pretendieron justificarse acusando a CGT de que en 1992 solicitó su derecho a impartirlos, es cierto.
Unos años más tarde CGT comprobó que el sistema de cursos derivó hasta convertirse en un negocio, en una forma de financiación sindical. A la vista de esta deriva la Plenaria de CGT celebrada el año 2008 en Zaragoza manifestó: «Si estamos en una organización participativa e independiente de todos los poderes, no podemos admitir que, por la puerta de atrás, nos saquen un plato en forma de subvención a la formación que mitigue nuestro hambre reivindicativa y anule nuestra voluntad de lucha».
Para quien no lo sepa, cuando mediante Sentencia judicial (recursos 3000/2009 y 4050/2000) se reconoce a CGT la posibilidad de impartir cursos, esta organización renuncia voluntariamente a ello en las plenarias de Zaragoza de 2008 y de 2010 en Madrid. Y es aquí donde debemos valorar el sistema asambleario y el ejercicio de responsabilidad de los afiliados de CGT, quienes, tras haber podido comprobar que la impartición de cursos se había convertido en un gran negocio (adjuntamos sendas noticias sobre el tema) renunciaron a ello, aun siendo plenamente conscientes de que ello significaba seguir en locales bajo mínimos y con materiales de reciclaje, pero liberándose de dos yugos, que son:
– El de la dependencia del dinero.
– El tener que convertirse en empresarios y contratantes, incapacitándoles así para posicionarse de una manera libre e independiente frente al sistema que silencia conciencias con billetes.
También queremos recordar que en un escrito que ha llegado a CGT desde algún sindicato, se subraya que a la formación continua pueden acceder “todas” las organizaciones sindicales y asociaciones que lo deseen. Tienen razón, pero no ha sido gracias a aquellos que firmaron el III Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas con el MAP, donde establecieron nuevos criterios declarados ilegales por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (sección Quinta) de la Audiencia Nacional (5 de julio de 2006), para impedir que otros sindicatos pudieran promover cursos de formación.
Otra cuestión que debemos dejar clara es la opacidad en la asignación de cursos, fuente de discriminación desde el momento en que éstos cuentan como mérito en los concursos, produciéndose la paradoja de que entre dos trabajadores que han solicitado el mismo número de cursos uno se queda sin formación y el otro consigue varios. Sobre este particular también podríamos extendernos a los impartidos por la Administración, pero es harina de otro costal.
Frente a esto, CGT entiende que deben ser las propias Administraciones en exclusiva las que se encarguen de la formación, y que estos sean los únicos cursos que puntúen como un mérito de cara a concursos, promoción, etc.
Si algún sindicato aún se aferra a la provechosa formación les recomendamos que pregunten a sus bases. Ahí tendrán su respuesta que, en el caso de que les legitime, dejará a las asambleas de afiliados de CGT como el “refugio de irreductibles galos».
Finalmente queremos expresar que, bajo ningún concepto, esto es una crítica hacia los compañeros que solicitan y realizan cursos, puesto que es un derecho al que no deben renunciar.