Pero es hora de explicar cómo se ha llegado a la actual situación.

Como todos sabemos hubo un acuerdo firmado para la recuperación de las 35 horas pero, como todos también sabemos, no tiene validez si no se publica en el Boletín y queda bien atado, por eso ahora la Junta no se siente obligada a cumplir. Aquellos acuerdos firmados por el gobierno de Sr. Herrera, que no le comprometían a nada, no pretendían más que pasar la patata caliente a este nuevo ejecutivo y además utilizarlos como cortina de humo para desviar la atención sobre la reconocida ineficacia en la elaboración del infame concurso de traslados que se permitieron publicar escondiendo 1500 plazas, así como la elaboración con premeditación y alevosía del «Catálogo de puestos tipo», las RR.PP.TT que se basaban en él y el concurso abierto y permanente de funcionarios (CAP). A cambio consiguieron el silencio cómplice de quienes deben velar por los empleados de la Junta.

     También en el ámbito del personal laboral, el anterior Consejero de la Presidencia, De Santiago Juárez, presionó a algunos sindicatos para que no denunciaran durante años el Convenio Colectivo del personal laboral, que es donde se debería haber incluido la recuperación de los derechos y salarios, incluida la vuelta a las 35 horas. Ahora les exigimos que abran de una vez la posibilidad de defender a los trabajadores en una verdadera negociación.

     El intento de aplacar los ánimos con una reducción en verano, eso sí, sin hacer las contrataciones necesarias (lo que hace recaer la carga de trabajo en los propios trabajadores), sólo ha supuesto un mal parche que ha provocado mayor malestar y la percepción de que se ha jugado con nosotros lanzando falsas expectativas.

     Ahora los sindicatos firmantes, que vendieron la piel del oso antes de cazarlo, han decidido trasladar a los trabajadores la responsabilidad de presionar para conseguir la jornada de 35 horas con una huelga, por el incumplimiento de unos acuerdos que no han sido capaces de hacer reales y efectivos. Está claro que si antes de las elecciones sindicales no se han conseguido las 35 horas, quienes no se enfrentaron a las trampas del señor De Santiago Juárez y pecaron de docilidad e ingenuidad, o no, no tienen nada más que contar, no tienen relato.

     La Junta, que parece haber olvidado los recortes y las congelaciones salariales ni ha devuelto los derechos que nos quitaron, marea la perdiz con las 35 horas y propone que su implantación se negocie por sectores…

    ¿Qué hay que negociar para el personal funcionario, si no tiene ningún coste económico?

    ¿Habrá que esperar a la negociación del Convenio para el personal laboral?

    ¿Qué pasa con el personal docente que ya ha empezado el curso con los nombramientos y calendarios cerrados?

   Cuando se vayan los profesionales sanitarios a otras administraciones, ¿nos rasgaremos las vestiduras por no haber sabido retenerles?

     Este circo que se ha montado con las 35 horas permite ganar tiempo a la Junta, que las aplicará midiendo tiempos en cada sector, y dejará que los sindicatos firmantes se anoten una pírrica victoria. 

       Aún así, CGT seguirá luchando y apoyará las movilizaciones para la recuperación de todo lo usurpado, incluidas las 35 horas.

CGT POR LO PÚBLICO, POR LO COMÚN

            Volvamos a hacer una pequeña recapitulación cronológica de los hechos porque para todos es fácil olvidarnos de dónde venimos para saber porque muchos funcionarios públicos se preguntan: ¿Qué está pasando para que no salga este nuevo concurso abierto y permanente?

• En diciembre de 2014 la Administración convocó un concurso en el que se reserva de manera ilegal más de 1.500 plazas. Poco después tan solo el sindicato CGT pasa de las palabras a los hechos y denuncia dicho fraude.

• El 29 de octubre de 2015, a pocos meses antes de las últimas elecciones sindicales, se crea el famoso acuerdo marco, firmado por los tres sindicatos hegemónicos, CCOO, CSIF y UGT, y la propia Administración en el que se despliega un sinfín de medidas para la recuperación de nuestros derechos y la mejora de nuestras condiciones laborales. De ese paraíso prometido nada se conoce, convirtiéndolo por desgracia para los trabajadores en una mera campaña de propaganda para unos y para otros.

• En febrero de 2017 se dicta la sentencia firme 223/2017, por la cual se le obliga a la Administración a realizar el concurso de las más de 1.500 plazas reservadas de manera ilegal ajustándose a las bases de dicho concurso. La Consejería de Presidencia en lugar de ejecutar la sentencia se dedica durante todo este tiempo a utilizar todas las artimañas que el más que cuestionable e injusto orden Contencioso le permite, a sabiendas de que con ello los concursos posteriores serán anulados.

• A pesar de este “pequeño obstáculo”, la Administración sigue adelante con sus planes ante una Mesa General de Negociación débil, inoperante y fraudulenta, puesto que todos los sindicatos allí presentes participan del engaño por tragar con lo que sea para llegar como sea al anhelado “concurso abierto y permanente” y del fraude, ya que algo que afecta única y exclusivamente al sector de funcionarios es negociado con representantes de docentes, laborales y estatutarios. Allí se perpetrarán el famoso Acuerdo 42/2017 para la creación del Catálogo de Puestos Tipo (ya anulado por los tribunales), las reformas de las RPTs en septiembre de 2018, recurridas por diversos colectivos, y el concurso abierto y permanente de octubre de 2018, también anulado por los tribunales.

• La Función Pública no contentos con el estropicio, realiza en tan solo dos meses el nuevo “viejo” Catálogo de Puestos Tipo, un calco del anterior y por tanto de nuevo recurrido por multitud de colectivos, las modificaciones de las RPTs de abril de 2019, con los mismos errores e ilegalidades que las anteriores y, por tanto, también recurridas, y por último el nuevo concurso semiabierto (sin resultas) y permanente (anual) de abril de 2019, que nuevamente fue recurrido por distintos colectivos y particulares, dada la inevitable coherencia jurídica por tener recurridos todas las etapas anteriores. Y también por CGT, tanto por lo explicado anteriormente como por la rebeldía que a día de hoy sigue manteniendo la Administración ante la inejecución de la sentencia.

• Es evidente que todos las funcionarias y funcionarios queremos que exista un concurso de traslados, al menos, anual y con todas las plazas, para así poder optar materialmente y no sólo formalmente a una carrera profesional y personal, facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Pero entre la prepotente e inepta anterior Administración y la estrategia sindical suicida de los principales sindicatos (CCOO, CSI-F y UGT) han conseguido que esto sea imposible. Y decimos esto porque sabemos que la propia Administración preguntó en varias ocasiones a los representantes en las mesas si era oportuna la ejecución de la sentencia de 2017 a lo que ellos se han negado permanentemente para poder al menos presentar un trofeo del cheque en blanco ofrecido en 2015. A estas alturas pírrica victoria será que volvamos a las 35 horas porque hasta en eso mismo nuestra Administración sigue maltratándonos.
• El Concurso anual no es ninguna invención de esta Administración y de los estos sindicatos. Ya estaba regulado en la Ley 7/2005, articulo 48.2,a) Concurso, con el texto; “La periodicidad de su convocatoria será anual”, en el año 2017 se eliminó este derecho, por medio de la Ley 2/2017, de Medidas Tributarias y Administrativas

• Lo que ya no es de recibo es que tanto CSIF como CCOO y UGT sigan día tras día malinformando a los trabajadores, provocándoles a unos una ansiedad insoportable por su condición de interinidad y a otros generándoles falsas ilusiones y expectativas. En estos dos últimos meses cada poco, bien en forma de rumores o bien de informas, muchos días serían el Día D. Saben tan bien como nosotros que la nueva administración debe llegar a sus propios acuerdos y no ve posible sujetarse a acuerdos anteriores, como ha dejado claro en la recuperación de las 35 horas. Tampoco puede someterse a la chapucera e ilegal reforma de la anterior Función Pública. Como bien reconocen los responsables de la Función Pública, en contactos mantenidos con delegados sindicales de funcionarios de este sindicato, serán los tribunales los que tomen la decisión por ellos.

Estos sindicatos juegan con nosotros y juegan con dos barajas, una donde quieren a toda costa el CAP y otra donde han denunciado judicialmente el CPT y RPTs por múltiples irregularidades

•    Hay que recordar el Juez que anuló el anterior concurso abierto y permanente, se fundamentaba en “la dependencia causal del concurso respecto del catálogo de puestos tipo”. Es decir, si cae el nuevo CPT, las RPTs y CAP caerán como fichas de domino

Muchos funcionarios ahora se preguntan ¿qué soluciones hay para eliminar este colapso administrativo, provocado por la anterior administración?

• Cumplir con los mandatos judiciales, como es la ejecución real de la Sentencia 223/2017.
• Anular todos las normas administrativas que, con toda seguridad serán anuladas judicialmente, Decreto 33/2016, Decreto 5/2019, RPTs de septiembre de 2018 y sus reformas de abril de 2019 y Concurso Abierto y Permanente de abril de 2019.
• Convocar paralelamente un nuevo concurso de traslados con el resto de plazas vacantes y con las RPTs anteriores a septiembre de 2018.
• Sentarse a negociar, con serenidad y generosidad, para consensuar qué tipo de administración se quiere para Castilla y León, donde los sindicatos mayoritarios en el sector de funcionarios, CGT es la tercera fuerza, aporten las ideas y opiniones respecto a esos cambios más convenientes para un mejor funcionamiento de esta administración, así como el reconocimiento y la recuperación de todos los derechos de los funcionarios.

CGT quiere que si al menos no se cumple la JUSTICIA, que se cumpla la LEY

CGT no abandonará ni la vía de la lucha colectiva ni la vía judicial por los derechos de todos los empleados públicos.

Porque no nos debemos ni a intereses de colectivos específicos ni a intereses políticos. Nosotros sí somos INDEPENDIENTES.